La cultura política de los actuales gobernantes venezolanos, perdió su alzada. Extravió su esbeltez ganada con el aprendizaje que los años de lucha política proporcionan. La cultura política que en los últimos tiempos acompañó la mediocridad de los gobernantes venezolanos que, entre traspiés y zarandeos, arribaron al poder en diciembre de 1999, se ha visto dominada por 3 causales de controvertido tenor. A saber: 1) el inmediatismo pérfido, 2) el militarismo resentido y 3) el pragmatismo vulgar.
En el contexto del rancio “socialismo del siglo XXI”, los dirigentes políticos que representaron dicho ideario dispuso sus intereses hacia los problemas más elementales de los sistemas político, económico y social. En consecuencia, esos mismos personajes de marras renunciaron a los problemas terminales del sistema social dejando desamparado al país de políticas de Estado serias y ordenadas.
El régimen dictatorial que comenzó a establecerse en 2000, con el concurso de una Constitución marcadamente presidencialista, que reivindicó el centralismo y la concentración del poder público, cayó en el vacío o profunda fisura que su misma ineptitud había construido. Además, su edificación contó con el agregado que le prestó la avidez acarreada por el engrosamiento de las finanzas personales (corrupción) de funcionarios de todo nivel, sector y categoría.
Una experiencia límite
Entre tantos problemas, el país perdió el rumbo de la política. Tan rápido como se vieron acosadas las circunstancias imperantes, Venezuela comenzó a desnaturalizarse en materia política, social y económica. Hecho éste ocurrido hasta el momento en que las formas inducidas por la institucionalidad inspirada en el legado de alternancia y afianzamiento plantado por el sistema político democrático, extraviaron la coherencia sobre la cual se dan los procesos convencionales de gobierno.
De esa manera, el régimen socialista logró articular sus decisiones a un esquema de gobierno que se valió del terror sembrado para imponer su autoritarismo hegemónico. Ante ello, la impunidad fue el modo más expedito mediante el cual pudo burlar cualquier coyuntura que se identificara con procesos que exaltaran el Estado de Derecho como condición para actuar en correspondencia con las libertades y los derechos humanos.
Venezuela entonces se convirtió en un mapa borrascoso: Casi todo había desaparecido. Uno de los momentos que exasperó la situación de penuria que había empezado a vivirse, fue la delación de delitos relacionados con el tráfico y comercialización de importantes cantidades de narcóticos. Particularmente, cocaína.
Quizás, el caso que reveló el paroxismo de un Estado reñido con la justicia a consecuencia del narcotráfico que había allanado los caminos de la legalidad declarada por la presunción de calificar a Venezuela como “Estado democrático y social de Justicia y de Derecho”, fue la negociación secreta que el régimen socialista llegó a operar y facultar.
La misma, realizada mediante el desvergonzado acuerdo de intercambiar rehenes por narcotraficantes, dejó en evidencia varios cuestionamientos que ponen en tela de juicio la institucionalidad no sólo venezolana. También la norteamericana.
La situación en cuestión, rompe con la estructura constitucional, moral y ética que le da sentido a la integralidad del espacio político del cual se depara todo el contenido discursivo que exhorta los valores morales y políticos. Sobre todo, aquellos que fundamentan la democracia como sistema político.
Y esto es supremamente grave. Constituye el guión o libreto que podría avalar próximas desviaciones del ordenamiento jurídico en cualquier nación del planeta. Especialmente, de aquellas naciones que se arrogan un “Estado de Derecho” de cabal ordenamiento jurídico para consumo legislativo de la sociedad en general.
Inferencias del análisis de coyuntura
Este análisis contextual apunta a examinar, entre otras, las siguientes implicaciones:
- La narrativa de la que se ha valido la mentada “oposición democrática” para objetar las ejecutorias del régimen, pierden fuerza, valor y sentido. La cacareada “oposición”, con su actitud timorata, revela así un silencio cómplice del cual se sirve para arregladas negociaciones con el régimen.
- Dado la exposición de tan objetados hechos, queda al descubierto y en evidencia la agonía de la oposición venezolana.
- La decisión presidencial del gobierno norteamericano, moldeada bajo el criterio amañado de “indulto presidencial”, al saltarse la potestad de la justicia estadounidense que ya había sentenciado y emitido la sentencia del caso, deja ver ante el mundo el juego libre en que ha caído. Así mostrará al resto del mundo, la ambigüedad que recorre su institucionalidad.
- El rostro protector que las oficinas de Derechos Humanos adscritas a organizaciones mundiales como la ONU dejan ver ante problemas que afecten libertades y derechos, queda borrado con el “gol” que tan arbitrario acuerdo le causó a sus doctrinas jurídicas. Particularmente, las que hablan de igualdad, pluralismo, ética, moralidad, justicia, verdad y dignidad.
- Este diabólico canje, abre las compuertas (efecto de la “puerta giratoria”) para replicar situaciones calcadas de tan cuestionado problema político. Por consiguiente, negociaciones de esa calaña, podrían marcar próximas tendencias que arreciarían la desnaturalización absoluta del ejercicio de la política internacional.
- Con las ejecutorias adelantadas, se pone de relieve la escasa importancia que la dictadura venezolana le confiere a los postulados del ordenamiento jurídico, tanto como al valor de la persona en su condición de ciudadano. Ahora cualquier apresado político pasa a ser una vulgar “ficha de intercambio” a conveniencia de intereses que detente un régimen totalitario.
Algunas conclusiones
En consecuencia, la situación impugnada evidencia un borrón de los criterios que convencionalmente siguen la teoría política. Pero ahora, al reconocer el “chantaje” como recurso de la política, la teoría política pierde peso específico. Intercambiar criminales y mafiosos, por rehenes o presos políticos, si bien no representa una novedad, sí lo es en el sentido politológico. Este hecho, eleva groseramente costos de los cuales se cuida normalmente el ejercicio de la política. Asimismo, resquebraja consideraciones que exaltan el equilibrio que pauta la proporcionalidad entre adversarios en una situación de cortante embate.
Así es no será fácil atesorar la consideración de “respeto a la dignidad de cada persona” como expresión de la autonomía bajo la cual se procura todo ejercicio democrático de gobierno que se precie de solidario, responsable y justo.
Lo contrario, hace ver el desatino repugnante que evidencia todo régimen político que busca esquivar problemas a partir del sangrado que provoca en individuos de libre pensamiento. Además, sin recursos para defenderse ante la violencia declarada. Tan pusilánime actitud del autoritarismo incita náuseas por el modo inhumano e indecente de cómo estos gobiernos intentan ordenar sus desarreglos.
Sólo resta decir que todo ello sucede cuando la inmundicia inhabilita procederes democráticos. Ante lo sucedido con la venia del autoritarismo hegemónico venezolano, queda gritar y que el eco alcance los cuatro vientos: ¡Qué asco!
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