Cuando algo no tiene la coherencia que sus partes exigen, no podría pensarse en su entero funcionamiento. Tampoco podría garantizarse. Desde una discusión, cualquier proyecto o sistema orgánico, requiere de coherencia. Cuando se concibe la coherencia como la lógica que avala la funcionalidad de una idea, no habrá duda de la consistencia que entre sus partes se tendrá.
En política, la coherencia es imprescindible. No sólo por las implicaciones que comprometen la compenetración entre razones y efectos. Sino por el hecho que significa inducir en su esencia, la veracidad que habrá de lucir la organicidad de su estructura.
En eso, la política es bastante exigente. Sobre todo, si por política se considera la vida misma. O porque se sitúa por encima de la conciencia.
El problema del cual ha dado cuenta el informe elaborado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, es revelador de una serie de aberraciones que ponen en jaque la cadena de mando integrada por las instancias representativas del Ejecutivo Nacional. Y todo por causa de las torturas y actos de represión cometidos contra la disidencia venezolana. Además, con la venia de dicha cadena de mando.
De esta manera, la ONU ha podido investigar todo lo ocurrido sobre violaciones y delitos de distinta índole. La gravedad de todo radica en que dichas trasgresiones se cometieron según órdenes derivadas de la presidencia de la República. En consecuencia, se ha solicitado que quienes resulten inculpados de las acusaciones a que conduzcan las respectivas averiguaciones sean sometidos a las investigaciones y sanciones penales de rigor.
Esta situación, rebasa consideraciones que destacan inculpaciones que tocan a altos funcionarios del régimen. Así como a otras cadenas de mando que dan cuenta del entramado de violencia sexual y de género bajo los cuales ocurrieron tales delitos. O tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de organismos de seguridad política del Estado venezolanos en nombre de la autoridad que representaban.
La situación en cuestión refiere por otro lado, abusos vividos en la zona del Arco Minero en el Estado Bolívar. Todo, ha sido en el contexto de problemas políticos que se urdieron desde los más elevados niveles de poder político. Donde se tuvo como denominador común, el silencio encubridor que sirvió de cómplice para resguardar la responsabilidad de sus ejecutores directos e indirectos.
En el ínterin de esta crisis de derechos humanos, dirigida a humillar y reprimir la disidencia política, no es difícil advertir enfrentamientos entre dirigentes del partido de gobierno por razones que tocan intereses contrapuestos.
Sin coherencia, bastó un silencio alcahueta
En ningún momento, fue posible reconocer alguna coherencia entre las ejecuciones del gobierno que escaló políticamente la cima del poder público nacional en diciembre de 1998. De no haber faltado la coherencia necesaria para afianzar programas de gobierno que fueron prometidos electoralmente, quizás, los resultados hubiesen apuntado a edificar realidades cónsonas con algunos de los problemas que agrietaban la institucionalidad del sistema político a finales del siglo XX.
La identidad del proyecto socialista, que bien pudo asirse a los postulados sobre los cuales la coherencia impone sus condiciones, no se alcanzó. Quizás, no pudo alcanzarse por motivos que chocaron con principios que estructuraron un socialismo anclado en terrenos movedizos. Es decir, sin iniciativas de desarrollo.
El modelo de desarrollo que dio lugar a que desde 1999, el régimen intentara convencer al país de las bondades del socialismo del siglo XXI, no tuvo la fuerza narrativa, ni menos operativa, para adecentar el país según las promesas que dieron forma a contenidos electorales de 1998. Fue algo así como haber querido poner el remiendo junto al agujero. Lo cual no representó solución alguna. Ni en parte.
Desde ese momento, el país comenzó a hacer aguas. Al extremo que los espacios de plausible desarrollo económico, político y social, se anegaron. Tanto, que ni siquiera había lugar para alguna operación de rescate.
Encima de todo esto, el régimen comenzó a presumir de fórmulas de salvación que eran lejanas en su concepción a las necesidades que sirvieron de sugestión a la población que rindió el primer apoyo al régimen. Debajo de todo, se advertía una complicidad entre factores de controvertida condición política. Fue eso lo que empeoró la situación. Pues debajo de todo, se escondía un silencio secuaz que corrompía todo lo que a su paso encontraba. Era (y sigue siendo) un silencio cómplice.
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