Estudiar y analizar la dinámica democrática venezolana sin dudas constituye una tarea compleja, esfuerzo que compromete el abordaje de sus actores, sus dinámicas, pasando por el papel del Estado, el estudio del petróleo en la historia contemporánea del país y la sociedad, hasta la cultura política y el tejido institucional, y más recientemente, el militarismo y pretorianismo como fenómenos reemergentes en el final del siglo XX e inicios del XXI. Venezuela ha experimentado una serie de vaivenes en su historia político constitucional reciente, y no es ajena a los debates y fenómenos que se registran en otros contextos y ámbitos.
Ciertamente no hay correspondencia entre la formalidad o el deber ser expresado en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 y la realidad, es decir, el modelo de Estado Social, de Derecho y de Justicia esta desdibujado y trastocado a no materializar su espíritu, sus cometidos y fines estatuidos en nuestra Carta Magna, y en correspondencia encontramos un régimen hibrido donde se mesclan rasgos y elementos de orden democrático, autoritario y totalitario.
David Runciman (2019) el brillante politólogo británico ha precisado que la pregunta adecuada para el siglo XXI debería formularse en función del entramado democrático, referida por tanto a cuánto puede la democracia persistir con unos elementos institucionales en los que nos hemos acostumbrado a confiar sin darnos cuenta de que ya han dejado de funcionar o tener una presencia importante o relevante, refriéndose a elementos institucionales como elecciones periódicas, libres y transparentes, mandatos limitados, (rasgos vitales de la política democrática), además de parlamentos democráticos, poder judicial independiente y/o autónomo, prensa libre, libertades plenas, etc.
De tal manera que es posible que todos esos rasgos siguen presentes pero desdibujados y sin cumplir la función a plenitud que deberían desempeñar aspecto que explica la ausencia de una democracia plena, robusta, consolidada y de calidad y que en el caso de Venezuela contrasta además con un Estado mínimo, reducido y calificado ya de fallido por unos y de frágil por otros pero que sin dudas un Estado que cada día se le hace cuesta arriba materializar sus funciones, obligaciones y cometidos.
La democracia en América Latina y sobre todo en Venezuela repetimos no atraviesa su mejor momento o ciclo. De tal manera que los retos y a la vez amenazas que tiene la democracia en América Latina, y particularmente en Venezuela, sin equívocos son mayores al resto del mundo, precisamente por la precariedad que la institucionalidad democrática y estatal se registra, a lo cual se le suman los efectos políticos, sociales, económicos, institucionales que plantea el covid-19 o coronavirus.
La vorágine nacional de estos años se edifica sobre distorsiones de todo tipo, aumento de la pobreza, pulverización de salarios y ausencia de empleos de calidad, corrupción, surgimiento de poderes ocultos, unido a otros flagelos y amenazas para la estabilidad de la democracia y la vida y supervivencia de los propios ciudadanos, entre ellos el narcotráfico, la acción de grupos irregulares, mafias y actores paraestatales como principales indicadores que caracterizan a la fragilidad del Estado venezolano, y recientemente, los efectos de la pandemia mundial coronavirus (covid-19) que trastocan muchos ámbitos de nuestra sociedad, estos aspectos y fenómenos conforman importantes retos y amenazas para la estabilidad de la democracia en la actualidad.
Hace unas décadas algunos politólogos, internacionalistas y juristas principalmente, hablaron del Estado fallido como una categoría o tipo de Estado caracterizado por la ineficiencia, la imposibilidad de proveer bienes públicos, satisfacer demandas de su población y garantizar derechos, mantener el control y ejercer su soberanía en el marco de su territorio entre otras funciones, que al no ser cumplidas con éxito, se traducen en amenazas para sus ciudadanos, para los países vecinos, e incluso, para la comunidad internacional por los flagelos que al interior se dan y que pueden afectar el contexto internacional.
Para Herman y Ratner (1992- 1993), el concepto “Estado Fallido” hace referencia a aquellos países cuyos Estados han perdido la capacidad de controlar el monopolio de la fuerza y la eficacia en proveer a su población los bienes públicos imprescindibles. Estos, para superar su condición, deben obtener ayuda de la comunidad internacional.
En el abordaje que diversos autores hacen alrededor del Estado fallido encontraríamos entre otros rasgos:
1. El rompimiento o alteración del orden legal-constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos.
2. La incapacidad o serias limitaciones de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, entre otras cosas por un manejo deficiente de la actividad económica, financiera y productiva.
3. La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estado ad intra ante su población y ad extra hacia el exterior, es decir, un Estado con considerables debilidades a lo interno y a lo externo.
4. Derivadas de las anteriores condiciones, emergen y se reproducen organizaciones armadas, mafias, guerrillas, paramilitares y otros actores que ciertamente desafían el monopolio estatal de la fuerza y operan, generalmente, en sustitución del Estado o al margen de este último.
Venezuela por su tradición democrática, civil y republicana está obligada a una recuperación de su tejido institucional, de su marco jurídico, de su ciudadanía y de lo civil frente al pretorianismo desmedido, este último fenómeno que ha convertido al país en un cuartel con una infinidad de carencias y situaciones irregulares.
(*) Profesor de la Universidad de Los Andes E-mail:
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