Hace horas apenas que se ha suicidado en Hong-Kong el Frente Civil de Derechos Humanos, configurando así el último capítulo de una batalla pro libertades que ha dado la ciudadanía de ese territorio autónomo. El FCDH ha dejado de existir.
Los antecedentes son harto conocidos, pero es preciso recordarlos. Durante la primavera del año 2014 se inició en Hong Kong todo un proceso de organización de la desobediencia civil en contra de la administración de Pekín. Habían pasado poco más de tres lustros desde que había ocurrido la retrocesión de esta colonia a China por parte de Gran Bretaña. Para aquel entonces Hong Kong contaba con seis millones de habitantes era ya un centro financiero global que no solo albergaba una economía de mercado, sino que contaba con una de las bolsas de valores más grandes del mundo en términos de capitalización. La nueva “región administrativa especial” debía, por acuerdo entre las partes, diseño preservar su sistema económico y político capitalista en las siguientes cinco décadas tras la transferencia.
Sin embargo, desde el inicio de la administración china, al Partido Comunista le resultaban incómodas las libertades heredadas de los ingleses que formaban parte del día a día de esa colectividad, no obstante haberse comprometido, en el Convenio de retrocesión, a respetarlas, comenzando por el mismo derecho de voto.
El Frente Civil de Derechos Humanos fue el gran protagonista de las revueltas que comenzaron a originarse para reclamar más independencia y mayor consideración frente a los derechos de la ciudadanía. Otra cantidad de pequeñas organizaciones se habían sumado a las protestas civiles que comenzaron a desarrollarse hasta que en el año 2019 ya lograron movilizar a las calles a más de un millón de ciudadanos en favor de un régimen democrático. La inestabilidad política interna que se generó como consecuencia de esta desobediencia que gozaba de inmensa gravitación en la ciudadanía llevó a las autoridades en Pekín a imponer una Ley de seguridad en 2020 y a poner en marcha un conjunto de acciones coercitivas hacia los líderes de estos movimientos prodemocráticos. La criminalización de la disidencia, ahora denominada “secesión, sedición, subversión y terrorismo” fue puesta en blanco y negro y ello dio paso a la instauración de la autocensura dentro del liderazgo de las organizaciones de protesta. La primera en ceder frente a presiones fue la Federación de Maestros que igualmente había organizado una resistencia activa en contra de las tropelías y persecuciones puestas en ejecución desde la capital china.
La molestia de los jerarcas chinos se vio potenciada por el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a esta disidencia activa y erosiva del poder de Pekín. El mandatario estadounidense anunció hace un año el fin del trato económico y comercial preferencial que su país daba a Hong Kong, además de una ley de sanciones para penalizar a funcionarios chinos que apliquen nuevas reglas de seguridad en la antigua colonia británica. Una orden ejecutiva había sido puesta en ejecución en Estados Unidos «para hacer que China sea responsabilizada por sus acciones opresivas contra el pueblo de Hong Kong».
La reciente desaparición voluntaria del Frente es el resultado de una reacción en cadena de los esfuerzos prodemocráticos de una serie de iniciativas libertarias y se inscribe dentro del contexto de un proceso de autocensura al que han sido forzadas las instituciones que se han invertido desde inicios de este siglo en acciones de desobediencia de los postulados totalitarios y controlistas de Pekín.
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