La vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, diputada María Iris Varela Rangel, encontró un nicho en la revolución bolivariana: el del sistema penitenciario. Desde que Hugo Chávez la nombró Ministra de Asuntos Penitenciarios, Varela impuso su propia ley, y con verbo encendido decidió por encima de jueces y fiscales la libertad, los beneficios y los traslados de miles de presos, incluyendo narcotraficantes, según la periodista Sebastiana Barráez en el portal Infobae.
Desde la Asamblea Nacional pretende seguir imponiendo el destino de los presos en Venezuela. Es así como anunció que interpelarán a fiscales del Ministerio Público de Barquisimeto, estado Lara, ubicado a casi 400 kilómetros de Caracas. La razón que da para ir contra los fiscales es porque se han extralimitado en sus funciones, pretendiendo “ejercer control sobre actuaciones de las comisiones de la AN ante graves denuncias de vulneración a derechos fundamentales”.
Lo que a Varela no le gustó es que cuando los diputados de la Comisión de Política Interior fueron a Lara supuestamente por la denuncia que hiciera el diputado Julio Chávez sobre violación de derechos humanos contra privados de libertad y recluidos en instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como en instalaciones militares y PoliLara.
La comisión parlamentaria fue acompañada por el fiscal superior Beiker Alí Pabón Gómez, los fiscales René Roberto Arroyo Alvarado, Ángel David Morillo Ferrer, Normeli Rivero y Ángel Díaz. Además de los jueces Jorge Antonio Díaz Mendoza, Griselda Yasmira Salas Camacaro, Yudith Jiménez y Roberto Leal.
Durante la visita parlamentaria quedaron en libertad condicional 12 de quienes estaban presos, lo que causó molestia entre los fiscales, quienes manifestaron que solicitarían nuevamente privativa de libertad contra ellos.
El grupo armado
Desde que llegó al cargo el 26 de julio 2011 se dedicó a construir su ejército de grupos armados, con la excusa de defender la revolución y lo consiguió con los presos a quienes ofrece beneficio.
Varela fue señalada por el general (Ej) Manuel Ricardo Cristopher Figuera, después de la Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado y que el destino de estos, según le habría dicho a Padrino, que “tenía entrenados a varios prisioneros, de la cual ella era su comandante”.
Hugo Chávez llamó a Iris Varela “fosforito” y “Santa Iris de los Desposeídos”: la mujer, quien manejó el Ministerio Penitenciario con el criterio de utilizar un ejército de presidiarios entrenados, nunca tuvo prurito alguno ante la cantidad de muertos en motines ocurridos en las cárceles venezolanas, el tráfico de armas, además de relacionarse con los pranes, como se conoce a los presos que controla las cárceles.
Nunca dio explicaciones sobre los cadáveres que aparecieron en una fosa común, en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). pero sí arremete contra los fiscales y dirigentes políticos con los que no simpatiza.
La liberación de presos le ha servido a Varela para bajar el hacinamiento. Es así como las medidas sanitarias contra el COVID-19 le dieron la excusa perfecta para sacar a cientos de privados de libertad.
Las alarmas se encendieron cuando en abril 2020 la liberación de presos fue masiva. Ese día fueron 382 del Centro Penitenciario de Tocuyito en el estado Carabobo. Su excusa fue el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario.
Varela revisa expedientes, como si fuera un fiscal, decide libertad o cárcel como si fuera un juez, amenaza con cárcel a dirigentes político, como lo hizo con Juan Gerardo Guaidó Márquez, a quien advierte que ya tiene las esposas listas.
Solo con la implementación del Plan Cayapa, quedaron en libertad a gran cantidad de personas, algunas de las cuales pagaban delitos graves.
El traslado de presos
El 12 de mayo 2021 Nicolás Maduro decidió, según decreto 4.610 publicado en la Gaceta Oficial 42.125, que el Ministerio Penitenciario se encargara de que los detenidos, que se encuentran en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sean trasladados hacia cárceles nacionales o comunes.
Se empezó el proceso de desocupar o reducir la cantidad de presos en los infernales sótanos de la Dgcim, para satisfacer las sugerencias de los delegados de la Alta Comisionada, Michelle Bachelett, colaborando así para que el régimen de Nicolás Maduro pase la prueba ante los señalamientos de violación de derechos humanos.
Aunque varios de los detenidos han sido trasladados a cárceles de la Gran Caracas y el centro del país, como Yare, El Rodeo y el Complejo Judicial Carabobo, queda, en la Dgcim y el Sebin, la exigencia de justicia para torturados y asesinados; el caso de un capitán de corbeta torturado que murió en el tribunal del juez militar capitán (GN) Mickel Angarita Amezquita Pion; el impactante caso del concejal Fernando Albán y de otros civiles y militares muertos en esas cárceles del horror.
A eso se le suma el dolor y sufrimiento de oficiales y familiares como los generales Raúl Isaías Baduel del Ejército, Héctor Hernández Da Costa de la Guardia Nacional, el capitán de navío Luis De La Sotta Quiroga, el coronel (Ej) coronel Johnny Rafael Mejías Laya, el teniente coronel (Ej) Igber José Marín Chaparro, el capitán (GN) Juan Carlos Caguaripano Scott y cientos de militares de diversos componentes.
En la lista es necesario incluir aquellos diputados a quienes sin importar su inmunidad fueron detenidos y violentados el debido proceso, negado el derecho a tener comunicación con sus abogados y familiares. Finalmente recibieron medidas o libertad condicional. Todos sufrieron desaparición forzosa. Resalta entre ellos los diputados Juan Carlos Requesens Martínez, Rosalio Ismael León Luque, Renzo Prieto, Gilber Caro, entre otros.
La ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Zulay Contreras Moreno, quien actúa como subalterna de Iris Varela dijo que el traslado de los detenidos se trataría de que se hiciera hacia el lugar más cercano al tribunal que los juzga.
Eso nunca le ha importado al Ministerio, ni a los órganos administradores de justicia; muchos presos son enviados a cientos de kilómetros del lugar donde tienen su vivienda y sus familias, sin importar que no reciban alimentos, ropa, alimentos, implementos de aseo personal, es decir, lo básico.
En la ejecución de los traslados se ha involucrado la ministra del Interior y Justicia y vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana, almirante retirada Carmen Teresa Meléndez Rivas.
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