Dos periodistas del diario venezolano El Nacional, cuya sede fue embargada hace unos días, afirmaron este viernes que su caso muestra que todos están “en peligro” y que, con el fin de las instituciones, “desaparece la prensa libre”, al tiempo que pidieron un firme apoyo internacional.
“El Nacional no es un caso aislado. Este peligro está muy cerca en otros países como Nicaragua o Argentina. Todos estamos en peligro”, advirtió hoy en un webinario Alba Sánchez, gerente editorial del citado diario, cuya sede fue embargada por la Justicia venezolana.
Sánchez se refirió a la imposibilidad en Venezuela de denunciar lo que se cree que está mal, de investigar y decir la verdad e informar frente a una “dictadura de 23 años” cuyo “proceso se hizo poco a poco”.
El embargo de las instalaciones de El Nacional fue calificado recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como “uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas en este siglo”.
Forma parte de la indemnización por “daño moral” de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda de difamación planteada por Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro.
Sánchez y José Gregorio Meza, jefe de redacción de El Nacional, denunciaron la grave situación de indefensión y de abuso que ha padecido el diario, fundado en 1943, tras el fallo judicial y la toma del edificio de El Nacional por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Los dos periodistas abundaron en las implicaciones de este golpe al periodismo libre venezolano y el resto del continente. “Queremos que se difunda la situación. Ningún país merece este tipo de situaciones. Esto no es una democracia, es un país destrozado”, denunció Meza.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el argentino Carlos Jornet, moderador del seminario virtual, describió este “embargo político” de las instalaciones del diario venezolano de acto de “venganza y expoliación”.
Silenciar el periodismo crítico
Lo que subyace es una “intención autoritaria no solo de silenciar a El Nacional, sino de enviar un fuerte mensaje a los que aún se atreven a ofrecer un periodismo libre y crítico en Venezuela”, subrayó Jornet.
A continuación, se proyectó un video sobre el desalojo del edificio con comentarios de Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, quien tachó el embargo de “invasión”.
El caso se remonta a 2015, cuando El Nacional, así como otros 80 diarios del continente, replicaron una información publicada por el diario español ABC en la que se destapaban los presuntos lazos del número dos del régimen chavista con el narcotráfico.
El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece desde 2020 una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Cabello, quien de acuerdo con la web de esa dependencia gubernamental, fue acusado en marzo de ese año en el distrito Sur de Nueva York de conspiración para cometer narcoterrorismo y para importar cocaína, entre otros cargos.
Los dos periodistas del diario venezolano apuntaron que se trata de una amenaza que lo es también para todos los medios independientes, y denunciaron además “ataques de grupos chavistas y ligados al chavismo” a periodistas del diario, ahora solo digital.
Si bien existe una “comprensión internacional” del atropello sufrido por El Nacional, prosiguió Sánchez, el problema es que “no se ha encontrado una salida (…) con un Gobierno que se ha mantenido ilegítimamente con elecciones amañadas”.
Y lo que es peor, “creo que quedan muchos años de régimen por delante”, se lamentó, para añadir que “cualquier pequeña luz que surge, siempre termina en decepción”.
La impresión de Meza fue la misma: “No soy optimista tampoco. Queda mucho régimen todavía. Sí tengo esperanza en la gente, y eso es lo que nos lleva a quedarnos” y no emigrar a otros países como millones de compatriotas han hecho ya, dijo.
EFE
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