El proceso de descentralización que se inició en 1989 fue poco sistemático. Pero las gobernaciones y alcaldías electas por el ciudadano y la transferencia de competencias se convirtieron en fuentes de mejoras en los servicios e infraestructuras públicas, de aprobación de gestión y, por ende, en fuente de las nuevas candidaturas para gobernadores o Presidentes.
De allí emergieron figuras de notables alcaldes y gobernadores, que desplazaron a los miembros de los cogollos centrales de los partidos políticos en la selección de candidatos para la Presidencia y Gobernaciones. Como dijo Martha Rivero en La Rebelión de los Náufragos, ese cambio; más que la apertura y liberación de la economía y nuestro alejamiento de la OPEP, fue lo que menos le gustó a las dirigencias de los partidos entre todas las reformas de CAP II; sugiriendo, sin decirlo, que tal vez por eso lo removieron del poder; con lo cual concuerdo.
En su segunda Presidencia, Rafael Caldera estancó el proceso descentralizador porque desconfiaba de esa delegación. Su partido controlaba una sola gobernación y muy pocas alcaldías. Ese revés al proceso de reconexión de la población con la élite política a través de la descentralización (que contó hasta con 85% de aprobación), sumado al ataque contra la liberación de la economía, la insuficiente inversión privada, la caída de los precios del petróleo y la fuga de divisas le abrieron el camino a que el carisma de Chávez hiciera el resto.
Cierto es que la Constitución “chavista” de 1999 elevó las leyes descentralizadoras a rango constitucional, estableció un Estado Descentralizado compuesto por los Poderes Centrales, Estadales, Municipales y Parroquiales, y creó al Consejo Federal de Gobierno para administrar la descentralización. Sin embargo, luego se vio que el proyecto de Chávez era lo contrario: Minimizar la descentralización pluralista ante un modelo comunal masificante llamado Sistema Nacional de Ciudades, que sometió a referendo aprobatorio junto con su reelección indefinida. Chávez perdió el referendo, pero canalizó su indignación aprobando, inconstitucionalmente, ocho leyes del Poder Popular, hoy vigentes y siendo actualizadas por la Asamblea.
Según la Reforma rechazada, las comunas sustituirían a los municipios como unidades básicas de organización política-social (Art. 16)… y… “ El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados… de la Asamblea Nacional, podrá crear…, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley…El Poder Nacional designará las autoridades respectivas, por un lapso que establecerá la Ley y sujeto a mandatos revocables…”
Estos planteamientos incluyen aspectos cuestionables de inconstitucionalidad y de lógica funcional: La descentralización sería vaciada de funciones y presupuestos por una estructura paralela. Las unidades superiores de gobierno serían sujetas al principio de gobernar obedeciendo en lo ejecutivo, legislativo y presupuestario, a unidades – comunales – inferiores (Art. 24 de la Reforma Constitucional). La nueva soberanía sería del pueblo, basada en decisiones de asambleas comunales, incluyendo el voto a mano alzada (Art. 136 de la Reforma), que puede ser vigilado, y desplazaría la soberanía del individuo basada en el voto universal, directo y secreto.
La Democracia Socialista sería contraria a la propiedad privada, consagrada en los artículos 112 y 299 de la Constitución vigente, y sería confesional, contrario al carácter pluralista de la sociedad venezolana.
A pesar de que el paquete de leyes del Poder Popular habla del protagonismo del pueblo y de canales para ejercer la democracia directa, lo que en realidad se está estructurando es todo lo contrario: la sujeción política y presupuestaria de miles de instancias del Poder Popular al Poder Ejecutivo Nacional, el debilitamiento de los poderes intermedios pluralistas y al ciudadano: Una estrategia de meteorización anti pluralista. El léxico oficialista ya acuñó la denuncia del sistema descentralizado como propio “de una democracia burguesa y capitalista”; pero la oposición no tiene un planteamiento que defienda la descentralización que cautivó al ciudadano.
Electos los nuevos gobernadores y alcaldes, sus funciones y presupuestos serán vaciados, por lo que deberán reformular su misión, pasando de lo político-administrativo, a un modelo de promotores de la movilización de las instancias de la sociedad civil para la ayuda mutua. En el mediano plazo, el proceso apunta a crear una república comunal con elecciones escalonadas de los poderes ejecutivos y legislativos, tipo Cuba y China. Un sistema que facilita fidelizar la lealtad de los votantes mediante las prebendas y vigilancia y, por lo tanto, la perpetuación en el poder.
@joseagilyepes
https://www.analitica.com/opinion/descentralizacion-poder-comunal-y-constitucion/
