El fiscal Tarek William Saab reconoció el sábado, 1 de mayo, que las autoridades imputaron a funcionarios por la muerte del dirigente Fernando Albán. Sin embargo, la familia del concejal rechazó los pronunciamientos de las autoridades y aseguró que solamente busca “confundir a la opinión pública y engañar a la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Saab desestimó la tesis de que la muerte de Albán se provocó por un suicidio, como él mismo reportó en octubre de 2018.
Para la familia de Albán, el dirigente sufrió de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial el 8 de octubre de 2018. Por ende, condenaron que solo se le impute a los funcionarios el cargo de “homicidio culposo, sin incluir los delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado”.
El comunicado concluyó que no se trató de un delito “culposo”, sino de una ejecución en la “sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos”. En ese sentido, la familia rechazó las declaraciones de Saab y consideró que se trata de un “show mediático” en el que no se han verificado investigaciones a la cadena de mando.
El informe preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre Venezuela encontró “fundamentos razonables” para considerar que el gobierno chavista cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento apuntó que militares e individuos a favor del Palacio de Miraflores cometieron encarcelación, tortura, violencia sexual y persecución de grupos por motivos políticos.
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