Las redes sociales son el primer canal al que acuden muchos venezolanos para informarse, protestar, denunciar o, sencillamente, desahogarse. En 2021, los líderes del chavismo parecen tener su punto de mira sobre ellas y, mientras prometen una regulación, crecen las detenciones a quienes difunden críticas en ellas.
No es nueva la atracción que las redes ejercen sobre el chavismo y son frecuentes las alusiones de Nicolás Maduro a su importancia para difundir mensajes, lo que él denomina “la verdad de Venezuela”; sin embargo, los peores temores de las asociaciones que buscan promover la libertad de expresión han cobrado fuerza con la formación de un nuevo Parlamento de amplia mayoría oficialista, tras los comicios del pasado 6 de diciembre donde el grueso de la oposición decidió no participar por considerarlas fraudulentas.
Una reforma y una ley
Todavía se desconoce su contenido, pero el presidente de la Asamblea Nacional designada el pasado 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, ha prometido aprobar una Ley del Ciberespacio y reformar la polémica Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte) para adaptarla a esta nueva realidad.
El guante lo recogió el propio Maduro, que lo celebró, y el vicepresidente y ministro de Comunicación del gobierno chavista, Freddy Ñáñez, quien explicó en una entrevista con VTV que las autoridades venezolanas ya tienen “experiencia legislando en el tema de la comunicación”.
Al ser preguntado directamente acerca de si se va a regular el uso de redes, Ñáñez subrayó “la necesidad de actualizar, por lo menos”, la ley Resorte “para pensar el problema de los medios de comunicación”.
Entre otras cosas, consideró que esa ley ha quedado desactualizada, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”, mientras cambian “la letra chica” de su funcionamiento.
Frente a esta situación, varias voces han prendido las alarmas. Entre ellas, está la de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, una organización que ha denunciado varios arrestos de usuarios de redes sociales que difundieron críticas o información en sus cuentas.
Correa teme que se reproduzca, con estas reformas, lo que ya sucede con la llamada Ley contra el Odio o la propia Ley Resorte, que incluyen “descripciones genéricas, vagas o imprecisas de lo que puede constituir delito”, lo que hace que “cualquiera pudiera ser susceptible de ser sancionado porque el criterio de interpretación es demasiado amplio”.
La segunda característica de esas polémicas leyes, prosigue el activista por la libertad de expresión, es que incluyen “penas muy duras” que pueden contener sanciones económicas muy altas “o penas privativas de libertad de un número de años muy grande”.
Finalmente, subraya que “quien la aplica es el directorio de responsabilidad social, que básicamente son funcionarios gubernamentales”, lo que implica que “no tienen independencia” y “generan indefensión”.
Todo ello, concluye, deriva en “un ejercicio arbitrario de las sanciones”.
Escritores y “Tiktokers” detenidos
En las últimas semanas, dos casos han atraído la atención y han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afecto al chavismo, una senda que también siguió la escritora Milagros Mata Gil, detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general, Tarek William Saab.
Pero Correa advierte que, “desde hace un tiempo, se estaba persiguiendo a personas por utilización de redes sociales y había casos de persecución por difusión de información”.
En esos casos se aplicaba la Ley contra el Odio, rechazada por numerosas asociaciones y que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un extinto órgano compuesto solo por chavistas que asumió de facto las tareas de un Parlamento dominado por la oposición y que nunca elaboró una Carta Magna, teórica razón para la que fue llamada.
En este contexto, Correa observa en las políticas de Estado una “pretensión de silenciar y acallar las voces críticas.
Frente a ello, “hay una demanda muy fuerte de la sociedad venezolana de información de calidad y está buscando información por todas las vías”.
“Es el pulso entre la voluntad de silenciamiento y la voluntad de informarse”, subraya.
Y termina: “Hay un ecosistema (de medios) cada vez más debilitado y disminuido, pero cuando ves que hay cantidad de casos documentados (de arrestos) y la gente sigue usando las redes para informarse, (eso) habla de una cierta audacia de la sociedad venezolana de decir ‘a pesar de los riesgos, quiero informarme”.
Queda por ver si las nuevas reformas legislativas dan la suficiente fuerza al Gobierno para que el pulso quede del lado del silencio o la sociedad permite que se mantenga del de la información y la protesta.
EFE
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