Los diputados de la Asamblea Nacional que son reconocidos por al menos 50 países en donde se cuentan las principales democracias del planeta, se están movilizando dentro de Venezuela enfrentando todas las amenazas y agresiones del régimen, se percibe una respuesta política a la indolencia del gobierno en el manejo de la crisis sanitaria agudizada por la pandemia, a esto se le suman los planes de realizar unas elecciones de gobernadores y alcaldes a la medida y conveniencia de Maduro y la cúpula que usurpa el poder. La oposición liderada por Juan Guaidó ha tenido que sortear primero los escollos internos, en donde un sector con todo el derecho que tienen en la unidad diversa a expresar sus opiniones, promueve la participación electoral con o sin condiciones, el argumento que sustenta esta propuesta es que siendo mayoría podemos dejar en la calle a los candidatos de Maduro y ganar un número importante de gobernaciones y alcaldías. La realidad que indican los sondeos de opinión es que alrededor de un 80% está descontento con el gobierno y la situación del país, esto no significa que esa mayoría apoye de manera automática a la oposición o a sus candidatos, si no ve que Maduro acepta, negociaciones serias por delante, unas condiciones creíbles para la realización de unas elecciones libres, transparentes y verificables con el respaldo internacional, que certifique las distintas instancias que se suponen se deben respetar en una elección, con la complejidad que se desprende que en Venezuela la democracia se encuentra secuestrada.
La decisión tomada por la Asamblea electa en 2015 de comprar un lote importante de vacunas para colocárselas al personal sanitario que está siendo diezmado por el Covid 19 y a la población de alto riesgo, es un paso en el camino correcto, porque en estos momentos la atención a la pandemia y a la crisis humanitaria debe privar sobre cualquier otra actividad que no esté dirigida a la de atender las necesidades de la gente. Para que quede claro, el alejamiento de la población de la política y los políticos ha ocurrido porque el venezolano de a pie siente que los políticos no desarrollan políticas oportunas para atender las demandas que les proporcionen unas mejores condiciones de vida, porque en la ruta de estos 21 años la llamada sociedad civil se debilitó en el sentido en que se entiende que el ámbito de lo civil es lo privado, este debilitamiento se produce por las acciones de Chávez y Maduro, que utilizaron los recursos del estado y el poder del gobierno para demoler lo privado con saña y alevosía, con la intención de controlarlo todo pero mal, demasiado mal.
La sociedad civil de 2021 está conformada mayoritariamente por un mosaico de grupos de demandantes de servicios y a una escala mucho menor por reclamantes de derechos, los demandantes se organizan de acuerdo a las necesidades y carencias de servicios públicos principalmente, son los más numerosos y podemos observar su actividad en las redes sociales, donde también están los reclamantes, con la diferencia que los reclamantes de derechos como los grupos de mujeres por mencionar alguno de los más activos, muestran un grado mayor de organización. Los grupos de demandantes denuncian y exigen una mejor prestación y calidad del agua que consumimos, la estabilidad y continuidad del suministro de electricidad, gas domestico, gasolina y gasoil, telefonía, internet, cableras y casi todo lo que esté administrado por el estado o por prestadores de servicios, los venezolanos nos hemos convertido en una sociedad de demandantes con poca capacidad de convertir esas demandas en reclamos políticos, esto se puede entender si se toma en cuenta el distanciamiento del venezolano con el relato agotado de la polarización que nos ha llevado a un estancamiento, una calma chicha impredecible en donde puede suceder cualquier cosa. Las organizaciones políticas opositoras que sobreviven como tales, han dejado de cumplir o cumplen deficientemente su papel de mediadoras entre lo civil y lo público, si bien ese papel está distorsionado por el abuso del gobierno, la distorsión del rol mediador de la política en la sociedad debe ser rescatado con la construcción de una narrativa que parta de una lógica simple, en donde la demanda sea predicado de un estado de derecho que resulta de la acción del reclamo del sujeto. Estamos obligados a recomponer el espacio de mediación en otros términos que fortalezcan lo privado, para superar la sociedad de demandantes por una sociedad de reclamantes organizados políticamente.
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