Infobae indica que en un informe de Fundaredes sobre la Curva de la Violencia 2020, hay hechos que demuestran el peligro que está corriendo Venezuela ante el avance de la ocupación del territorio por parte de grupos criminales. No es casual que aparecen, como los estados fronterizos más violentos en 2020 Bolívar, Zulia y Táchira. Hay un punto común: la presencia y crecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esos tres estados.
Fundaredes, con su equipo, ha desarrollado una labor de investigación ante sucesos que ocurren en la frontera, también su coordinador nacional, el profesor Javier Tarazona, ha denunciado ante el Ministerio Público la injerencia y consecuencia de los grupos irregulares en territorio venezolano.
En el año 2020 hubo 555 enfrentamientos que causaron la muerte a 855 personas
Uno de los datos escalofriantes destacados por la ONG es que “en el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los seis estados fronterizos que analiza la Curva de la Violencia, los cuales causaron la muerte a 855 personas”. El estado Bolívar presentó la tasa de enfrentamientos más alta: 20,23 por cada 100 mil habitantes.
Más allá de lo que Táchira y Zulia representan, por la actividad comercial más dinámica de América Latina, mientras en Bolívar es determinante la explotación del oro y los poderosos intereses que rodean el Arco Minero del Orinoco, en todos hay una demostración clara del avance de los grupos guerrilleros y paramilitares, así como la acción poco efectiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Fundaredes evalúa en este Informe Anual Curva de la Violencia, tres unidades de análisis: homicidios, secuestros y/o desapariciones y enfrentamientos. Pero hay una conclusión indiscutible: la violencia persiste y que tiene como una de sus principales causas la lucha por el control de territorios por parte de grupos armados irregulares (GAI).
La ONG destaca que logra recolectar información en Venezuela, sorteando obstáculos y a pesar de las limitaciones existentes contra medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación irregular de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), así como hostigamientos y persecuciones contra periodistas, dueños de medios informativos, activistas y defensores de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, órganos del sistema judicial y grupos irregulares, así como las restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID-19.
Venciendo los problemas para acceder a la información, lograron registrar los hechos de violencia ocurridos en Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, “donde la población se ha visto obligada a convivir con grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que actúan al margen de la ley ejerciendo el control sobre determinados territorios, y peor aún bajo la presencia intimidante de los cuerpos de seguridad del Estado que forman parte activa de la violencia por medio de extorsiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales e incluso en complicidad con bandas criminales o grupos armados irregulares”.
Secuestros y desapariciones
El cierre de la frontera reactivó los pasos ilegales o trochas en Táchira, Zulia y Apure. Fundaredes destaca que eso permite que los grupos armados irregulares asumieran el control absoluto de la movilidad de quienes entran y salen del país.
Aun con las restricciones de movilidad la violencia, interna como fronteriza, no cesó en los seis estados fronterizos. Los casos de criminalidad fueron más en el estado Zulia, seguido de Bolívar, Falcón y Apure.
Aunque Venezuela suscribió la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el año pasado “hubo 208 desapariciones y/o secuestros, la mayoría de las víctimas (150) fueron hombres. El incremento de casos de personas desaparecidas este año con respecto a 2019 fue de 128,57%; es decir, hubo 117 secuestros y/o desapariciones más”.
La mayoría de las desapariciones ocurrió en Táchira, seguido de Bolívar. El tercer lugar es para el estado Falcón, pero la mayoría relacionados a incidentes en altamar, “donde se ha reportado la existencia de bandas criminales que trafican personas, así como en naufragios de migrantes retornados de las islas del Caribe a donde intentaron llegar”. Después está Zulia y Amazonas.
Fundaredes relatará en su presentación de este viernes cómo es que los estados fronterizos, especialmente Apure, Táchira y Zulia, son utilizados para mantener en cautiverio a personas secuestradas en Colombia. El estado con más secuestros es Táchira.
Los índices de homicidios son proporcionales a los enfrentamientos armados “por lo que una vez más la violencia estatal aporta un gran porcentaje en esta materia”. Los patrones que Fundaredes revela en su informe fueron logrados por testimonios de familiares de víctimas y testigos.
“Se evidencia que la mayoría de los supuestos enfrentamientos constituyen auténticas ejecuciones extrajudiciales”, a la vez que como hechos imposibles de negar están los “poderosos grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera que constantemente luchan entre sí y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de los territorios y el manejo de las actividades económicas ilícitas”.
Fundaredes recuerda la recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad urgente de eliminar a las Fuerzas de Acciones de Especiales (FAES), cuerpo dependiente de la Policía Nacional Bolivariana.
“FAES, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encabeza la lista de los organismos de seguridad involucrados en los enfrentamientos armados, seguidos de las policías regionales, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Ejército y las policías municipales”.
Fuente: Infobae.com
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