“Ser rico es malo”, afirmó en más de una ocasión Hugo Chávez Frías. Y, sin embargo, con el paso de los años, esa sentencia solo puede ser ponderada como una imbatible muestra de cinismo. Los grandes beneficiados de la autoproclamada “Revolución bolivariana” son justamente los familiares de Chávez, su entorno, sus amigos, sus funcionarios más cercanos, sus aliados. Quienes hace más de dos décadas, al llegar por primera vez al gobierno, pregonaron el fin de la corrupción, terminaron siendo devorados por ella.
Ahora, es común encontrar informaciones que destacan a venezolanos —o a ciudadanos de otras nacionalidades pero siempre ligados a Venezuela— que, en distintas partes del mundo, están siendo investigados o ya han sido detenidos, acusados de manejar enormes redes de corrupción, sobornos y lavado de dinero. Pero ¿qué pasa con las fortunas que congelan las naciones cuando capturan y apresan a alguno de estos delincuentes? ¿Es posible devolverle al pueblo venezolano parte de las riquezas que le han saqueado?
Según cálculos conservadores, el chavismo y sus diversos cómplices le han robado a Venezuela, por lo menos, cerca de 385.000 millones de dólares. No se trata de una ficción enemiga, de un invento de la oposición. La cifra se sostiene, también, sobre las denuncias e informaciones provenientes del mismo chavismo. Es un desfalco de dimensiones espeluznantes, más aún en un contexto de sanciones internacionales y de profunda crisis humanitaria en el país.
Un grupo de venezolanos, desde Estados Unidos, ha iniciado un proyecto de recuperación de los activos robados durante todos estos años que se encuentran retenidos en otros países. La Iniciativa Para La Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV) es una organización independiente, sin ningún nexo partidista, que no trabaja con la oposición política y que se propone tratar de articular mecanismos transparentes, con la comunidad internacional y la sociedad civil en Venezuela, para que dinero robado regrese y sirva a la reconstrucción del país.
No es, por supuesto, una tarea sencilla. Es un proyecto a largo plazo que conlleva muchos desafíos. No solo hay que contar con las herramientas legales y con la voluntad política de los diferentes países de la comunidad internacional, también es necesario garantizar que el dinero recuperado no termine nuevamente en manos del chavismo o en manos de alguna otra fuerza política, de oposición o no, igual de corrupta. Es necesario contar con una sociedad civil independiente, capaz de llevar adelante —con el apoyo de organización y países del mundo— procedimientos diáfanos, nuevas formas de acción. Ante un poder que ocupa y asfixia todos los espacios, hay que inventar una nueva institucionalidad, otras maneras de hacer política.
No se trata de un experimento inédito. En Angola, por ejemplo, en 2006 y en 2013 fueron recuperados 64 millones de dólares que regresaron de la banca Suiza al país, con la condición de ser utilizados en proyectos de desarrollo social, bajo supervisión internacional y con participación popular. Casos similares también ha habido en Perú, en Nigeria o en Kazajistán. Es en esta línea que INRAV ha comenzado a trabajar en Estados Unidos.
Se calcula que el Departamento de Justicia estadounidense ya ha incautado y congelado 1500 millones de dólares, producto de la corrupción en Venezuela. Pero para empezar a poder soñar tan siquiera con una posible recuperación de cualquier cantidad, es necesario que el Senado de Estados Unidos apruebe una legislación que permita la creación de un fondo para Venezuela, con el fin de salvaguardar ahí los activos congelados y poder regresarlos luego al país.
Para que esto suceda, a partir del próximo 15 de marzo, la INRAV lanzará una campaña (https://www.unfondoporvenezuela.org) en Estados Unidos para que los ciudadanos le pidan a los congresistas de ese país que —amparados en la Ley Verdad de 2019— inicien el proceso que lleve a la creación del fondo. Este es un imprescindible primer paso.
Este artículo se publicó orignalmente en New York Times en español el 7 de marzo de 2021
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