La Academia de Ciencias Políticas por intermedio de su presidente y su secretario Humberto Romero Muci y Jorge Badell Madrid, respectivamente, se ha dirigido al gobierno del usurpador Maduro a través de la vice-presidenta Delcy Rodríguez y el canciller Arreaza, instándolos a comparecer por ante la Corte Internacional en el proceso iniciado por la República Cooperativa de Guyana y en el cual se debatirá la nulidad o legalidad del Laudo que definió la frontera entre la República de Venezuela y el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda; y que a raíz de la independencia de la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, ésta está sujeta al compromiso contenido en el Acuerdo de Ginebra suscrito por los tres interesados Venezuela, la Gran Bretaña y Guyana de alcanzar un “arreglo práctico” cuya materialización hoy solo incumbe a Venezuela y Guyana.
No es la primera vez que la Academia se manifiesta en relación con el proceso iniciado a raíz de la decisión adoptada por el Secretario General de las Naciones Unidas de referir a la Corte Internacional la solución de “la controversia”. Recientemente uno de los miembros de esa Academia, el doctor Héctor Faúndez, publicó un trabajo muy bien sustentado acerca no solo de la conveniencia, sino de la necesidad para Venezuela de hacerse presente en el procedimiento.
No sé si yerro al afirmar que fue correcta la decisión del presidente y el secretario de la Academia al dirigir su comunicación a la vice-presidenta y al canciller en lugar de dirigirla al usurpador Maduro, porque como es sabido y lo expuse en un artículo que escribí sobre el tema que lleva fecha 18 de enero de 2021, el usurpador, dejando a un lado su nacionalidad colombiana, que le imposibilita para el ejercicio de la presidencia por estar excluido constitucionalmente para aspirar a ejercerla, es además de nacionalidad cubana y quizá mejor expresado de nacionalidad “castrista”, si tomamos ese adjetivo como expresivo de la nacionalidad.
Igualmente sabemos que la Cuba dirigida por Castro, fue el único país hispano parlante que le negó respaldo a Venezuela en su reclamación sobre el territorio Esequibo a propósito de la suscripción del Acuerdo de Ginebra, de lo que podemos concluir que la posición asumida por Maduro desde que ejerció el Ministerio de RREE, luego la Vice-presidencia y finalmente la usurpada presidencia está condicionada y dirigida por la posición adoptada por Castro. Fue incluso así durante la presidencia de Chávez y el silencio de nuestra Cancillería frente a los múltiples actos de Guyana que comprometen nuestra posición, solo encontró escasamente algunas manifestaciones en el patrullaje de las áreas marinas que genera el territorio en disputa, sin que los actos mismos realizados por Guyana hayan encontrado respuesta adecuada por parte de Venezuela.
Francamente yo no sé cómo interpretar que la correspondencia haya obviado a quien dice ser el presidente, pero lo celebro porque dirigida al usurpador hubiera caído en el vacío. Porque aunque esté ya muerto, Maduro fue colocado allí por Castro, para hacer lo que Castro decidiera y en torno a Guyana y particularmente en torno al territorio Esequibo, ya Castro lo estableció aún antes de la firma del Acuerdo de Ginebra cuando su efímero vínculo, por la muerte de Malcom X, apuntaba no hacia la solución del problema racial en los Estados Unidos sino a su exacerbación.
Finalmente, lo que creo conveniente es que una comunicación de idéntico tenor le debe ser dirigida por la Academia al “encargado de la presidencia” Juan Guiadó, sin que esto signifique la toma de posición de la Academia, ni de los académicos frente a cuál es el gobierno legítimo de Venezuela, sino la constatación de un hecho con repercusiones políticas: el régimen de Maduro ha sido desconocido por los Estados que han reconocido el gobierno de Juan Guaidó; y no vaya a ocurrir que si rechazando las recomendaciones insensatas del súper jurista Escarrá, el régimen castro-madurista decide comparecer ante la Corte Internacional le sea negada la cualidad para hacerse parte, sino que también comparezca con los poderes del caso, la representación del gobierno de Juan Guaidó, porque obviamente no podría la Corte negarle a ambos la cualidad, a no ser que ambos comparecieran con alegatos contradictorios.
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